El Parlamento griego acaba de aprobar (24 de octubre) un marco institucional que, por primera vez, regulará con transparencia y pondrá orden en el paisaje audiovisual en Grecia. Las cadenas privadas de televisión han funcionado desde hace 25 años bajo un sistema de licencias provisionales (caducas) las cuales habían sido otorgadas sin ninguna subasta legal y transparente. Además, hasta ahora nunca habían pagado costes de emisión. Las autoridades políticas sucesivas, por su parte, tenían una supervisión muy superficial de su funcionamiento pero nunca han querido ejercer un control verdadero sobre el ámbito audiovisual, el cual ha estado dominado por unos pocos y poderosos empresarios, algunos de los cuales directores de periódicos que han extendido sus actividades de la prensa escrita a los medios audiovisuales y digitales.
La Ley fue aprobada por la mayoría de la coalición gobernante SYRIZA-ANEL con 155 votos. Toda la oposición votó en contra con excepción del Partido Comunista, cuyos miembros no estuvieron presentes. Sin embargo, ciertos artículos fueron votados por más formaciones políticas. Dicha ley fue una de las principales promesas electorales de SYRIZA enmarcada en un programa más amplio de lucha contra la corrupción y el clientelismo político en el país.
La ley consta de 58 artículos que regulan la adjudicación de las licencias televisivas y contemplan la constitución de una filial de la Radiotelevisión estatal, ERT, que será el proveedor de la señal digital; de un centro nacional de medios audiovisuales (EKOME), que se encargará de la digitalización y la preservación de los archivos audiovisuales; y de un registro oficial de los medios digitales.
Concretamente, estipula que las licencias televisivas a nivel nacional y local serán adjudicadas por medio de un concurso que llevará a cabo el Consejo Nacional de Radiotelevisión, la autoridad independiente encargada de la supervisión de las radios y las televisiones del país.
Entre los requisitos que deberán reunir los candidatos para poder concursar se incluye la posesión de un capital de ocho millones de euros, estar libres de deudas con Hacienda y Seguridad Social, asegurar un número mínimo de puestos de trabajo y respetar la legislación laboral. Para garantizar la absoluta transparencia, la ley prohibe la participación en la subasta de las empresas aquellas cuyos accionistas están implicados en obras públicas. Es de anotar que las ya existentes cadenas televisivas podrán participar en la subasta pero sin gozar de un trato preferencial. El número de las licencias y el precio inicial de la subasta serán competencias del Ministerio correspondiente.
El jefe de la Secretaría General de Información, Lefteris Kretsos, responsable de la regulación de los medios y su desarollo, en una entrevista reciente al periódico italiano IL MANIFESTO (25.10.15) afirmaba que la nueva ley aporta transparencia y sentido democrático y viene a combatir la corrupción mediática articulada en un complicado entramado de intereses entre negocios y política similar al de Berlusconi en Italia.
En otra entrevista, concedida a DER SPIEGEL (6.8.15) unos meses antes, Kretsos sostenía que “los propietarios de las cadenas privadas de televisión ejercen sin escrúpulos sus influencias en la toma de decisiones políticas. Promocionan ciertos políticos en detrimento de otros, impugnan ciertas ideas o decisiones o minan partidos políticos concretos. Utilizan su influyente poder para conseguir enormes préstamos, algo que ninguna otra empresa ni siquiera puede imaginar. …El objetivo de la nueva ley es crear empleo y contribuir al desarrollo”, añadía Kretsos negando que la nueva normativa tenga un carácter autoritario. “No somos nosotros los que pretendemos el poder excesivo, los propietarios de los medios ya lo tienen”, concluía el Secretario General de Información y Comunicación.
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