El Primer Ministro, Alexis Tsipras, aprovechó el 42º aniversario de la vuelta de Grecia a la democracia (24 de julio de 1974) para presentar sus propuestas para la reforma de la Magna Carta la cual, según sus palabras, “marcará el paso del país a una nueva era, una nueva transición política”. Para ello dirigió un llamamiento a todas las fuerzas políticas del país y al pueblo griego que se sumen a un “amplio y fértil diálogo social” que se pondrá en marcha a partir de septiembre.
Haciendo un largo análisis del contexto de la transición habló de “un ciclo político que se cierra, habiéndonos ofrecido un largo período de paz social pero, también, heredándonos un Estado con grandes problemas estructurales (corrupción, clientelismo, evasión de impuestos generalizada) los cuales vino a agravar irreversiblemente la crisis y sus consiguientes memorándums”. Además, no dudó en interpretar la crisis económica como resultado de la derrota del proceso de la transición, poniendo de relieve la necesidad de responder a los nuevos retos con la iniciación de un “nuevo ciclo de transición” que abocará a la “nueva Grecia” del siglo XXI.
Las propuestas del Primer Ministro se enmarcan en cinco ejes fundamentales:
1. Reformas relacionadas con la estructura del régimen político. En ellas se propone:
-Recoger en la Constitución la recién votada ley electoral
-Elección del Presidente por el Parlamento por las dos terceras partes de los diputados en dos votaciones sucesivas. Si los dos intentos fracasan, se prevé su elección por el cuerpo electoral griego.
-Establecer un aumento relativo de las competencias presidenciales con el propósito de reforzar su papel regulador sin afectar la estructura fundamental del sistema político.
-Los diputados no podrán ser elegidos más que dos veces.
-La obligatoriedad de que el Primer Ministro sea exclusivamente un electo por el pueblo, es decir un diputado en activo.
2. Fortalecimiento de las institiciones de democracia directa: Se introduce el referéndum como una herramienta que potencia la participación directa del cuerpo electoral. Se establece para los siguientes casos:
-Para la ratificación de cualquier convención que prevé la transferencia de poderes soberanos del Estado; para temas de interés nacional, a iniciativa popular con la condición previa de la recogida de 500.000 firmas; para revocar una ley votada, exceptuando aquellas que rigen cuestiones presupuestarias, a iniciativa popular y con la recogida de un millón de firmas; y por último, se prevé la iniciativa legislativa popular condicionada al mismo número de firmas.
3. Reforzar el Estado de Derecho
Se cambia radicalmente la ley sobre la responsabilidad de los ministros que hasta ahora gozaban de plena inmunidad y se elimina la inmunidad de los parlamentarios, establecimiento así un trato penal igual de los políticos al del resto de ciudadanos.
Se instituirá un órgano especial conslutivo, compuesto por magistrados de los Tribunales Supremos que, a propuesta del Presidente, del Gobierno o de 120 parlamentarios, emitirá su fallo sobre un proyecto de ley votado.
4. Relaciones Estado-Iglesia
Se salvaguarda expresamente la neutralidad religiosa del Estado, manteniendo no obstante por razones históricas y prácticas el reconocimiento de la Ortodoxia como confesión dominante. Se establece, también, la obligatoriedad del juramento legal para electos y funcionarios del Estado.
5. Derechos sociales
Se propone la prohibición expresa de la suspensión del control público de los bienes del agua y la energía eléctrica y se salvaguardan de forma clara y eficiente las negociaciones colectivas como instrumento único para la definición del salario. También, se recoge la obligatoriedad del arbitraje para la resolución de los conflictos laborales.
Para todos estos cambios la fecha límite que ha puesto el primer Ministro es el año 2021; respecto al proceso de debate y diálogo social se prevé para septiembre la constitución de un comité que procederá a las consultas sociales pertinentes mediante debates públicos y trece asambleas populares en las trece regiones administrativas del país, con el fin de entregar a los partidos políticos las conclusiones de las consultas hasta la primavera de 2017.
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