La coalición de Syriza, que llegó al poder el pasado 25 de enero con una amplia ventaja frente a sus oponentes, acaba de cumplir sus primeros cien días al frente del Gobierno de Grecia. 

Fueron tres meses muy duros caracterizados por un continuo vaivén en las negociaciones sobre la deuda del país; negociaciones que todavía permanecen enquistadas dadas las divergencias hasta ahora insuperables entre el Gobierno griego y las instituciones aceedoras (Fondo Monetario Internacional, Unión Europea y Banco Central Europeo). 

Las dificultades de obtener un acuerdo mantienen bloqueado el último tramo del plan de ayuda de unos 7.200 millones de euros. Desde agosto pasado no se ha desembolsado ni un euro, hecho que condujo el país en un estado con el agua en el cuello, al borde de la asfixia económica. Si esta situación no se resuelve pronto, Grecia se encontrará frente a la imposibilidad de poder honrar sus compromisos financieros en los próximos meses. Y no solamente eso. El clima de larga espera e incertidumbre, que han creado las desavenencias en las negociaciones, han infundido el miedo entre inversores y depositantes, con lo que se desató una considerable fuga de capitales y depósitos acentuando más la recesión económica y los problemas de liquidez del país. 

El principal escollo en estas negociaciones es que los acreedores condicionan el desbloqueo de la liquidez a una serie de exigencias que no distan mucho de los anteriores memorándum de la austeridad y, además, tropiezan con las “lineas rojas” del gobierno de Tsipras, las que los griegos respaldaron ampliamente en las pasadas elecciones del 25 de enero. Entre dichas exigencias se incluyen la plena flexibilización del mercado de trabajo (supresión de convenios colectivos, despidos colectivos) y una reforma profunda del sistema público de pensiones que sería la estocada final en el ya exiguo estado de bienestar tras cinco años de austeridad. Además, se muestra una obstinación por que se mantengan los planes de recortes, las privatizaciones y el pago de la deuda. 

Desde el principio de las negociaciones la estrategia del Gobierno de Alexis Tsipras se centró en la obtención de un acuerdo “conveniente para todos”, razón por la cual redondeó bastante su discurso y moderó su enfrentamiento con sus acreedores. Sin embargo, todas sus cesiones topaban con la constante intransigencia de los primeros, hecho que pone en evidencia la imposibilidad de obtenir el “pacto social europeo” que desde un principio anhelaba el Gobierno de Syriza. 

A pesar de esta coyuntura negativa en la que se alternaban los chantajes y los ultimátum de los acreedores, el Gobierno ha procurado, aunque con ritmos lentos, desplegar las primeras medidas de su programa, destinadas principalmente a paliar la crisis humanitaria y aligerar las cargas fiscales para gran parte de la población. 

Entre dichas medidas se puede destacar: 

-La ley de crisis humanitaria aprobada por el Parlamento griego el 18 de marzo. Es una de las promesas electorales que el gobierno de Syriza ha mantenido, aunque de forma limitada. La ley incluye una serie de medidas para garantizar la provisión de energía a familias sin recursos, y la emisión de vales de alimentos para los sectores con más necesidades. Pero mientras el proyecto inicial planeaba destinar 2000 millones de euros a esta iniciativa, hasta ahora solo se han destinado 200 millones. El plan se redujo de 300.000 familias a 150.000. 
-Concesión de facilidades para los deudores con hacienda, despenalización de las deudas de hasta 50.000 euros y medidas contra el fraude fiscal. 

-Mejoras de las condiciones penitenciarias

-La restitución de la televisión pública y el retorno a su trabajo de los 2600 trabajadores despedidos con el cierre del ente público hace casi dos años. 

-Anulación de todos los despidos en el sector público y retorno de los ya despedidos a sus puestos. 

El aumento del salario mínimo, en cambio, se ha postergado hacia adelante, al igual que la ley anti desahucios

En el caso de las privatizaciones, que se prometía reexaminarlas, se han paralizado algunas, pero se mantienen otras muy importantes, como la del puerto del Pireo. 

En el plano de las relaciones internacionales, el nuevo gobierno posibilitó el acercamiento con Rusia y China. El 8 de abril, el Primer Ministro, Alexis Tsipras, visitó Moscú donde firmó importantes acuerdos comerciales, entre los que destaca la participación de Grecia en el gasoducto que Rusia pretende construir bajo el Mar Negro para llevar su gas a Europa. Por otra parte, el Vicepresidente del Gobierno, Yannis Dragasakis, así como el Ministro de AA.EE. Nikos Kotziás, visitaron en sendas ocasiones China en un esfuerzo del Gobierno griego de tender puentes y reforzar lazos con el gigante asiático. 

Aunque suscitó incertidumbre tanto en Bruselas como en Berlín, el acercamiento de Grecia a estos dos países es un importante gesto que resalta el papel que puede jugar en el tablero político de la zona. 

Finalmente, un hito importante de esos primeros tres meses del nuevo Gobierno fue la constitución de la Comisión Internacional de Expertos para auditar la deuda pública

Coordinada por el politólogo belga Eric Toussaint, la Comisión realizará una auditoría en las cuentas públicas griegas para ver qué parte de la deuda contraída ha sido legal, es decir utilizada por el bien común, y qué parte ha sido malgastada y fraudulenta y, por tanto, ilegal. Una vez terminada la auditoría, la comisión publicará las conclusiones de sus análisis, las cuales a continuación serán comunicadas a Bruselas y al Parlamento Europeo.


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Agosto 10, 2016