Grecia acaba de poner fin a la situación irregular que reinaba en el paisaje televisivo desde hace veinticinco años. El pasado uno de septiembre concluyó la primera subasta pública de la televisión privada con la adjudicación de cuatro licencias por un total de 246 millones de euros.
El procedimiento de licitación, que duró 70 horas, se llevó a cabo en la sede de la Secretaría General de Información bajo un hermetismo absoluto, con los ocho ofertantes no pudiendo comunicar ni con el exterior ni siquiera entre ellos para, así, garantizar  la transparencia y evitar posibles tejemanejes entre ellos; Las cuatro empresas adjudicatarias de ese concurso público son dos canales que ya están en funcionamiento y otros dos de nueva creación.
 
KRETSOS K PAPPASLos dos primeros son Skai y ANT1 que tendrán que abonar 43,6 y 75,9 millones de euros respectivamente, mientras los dos nuevos 73,9 y 52,6 millones de euros cada uno. Los nuevos canales que se suman son dos empresas pertenecientes, la primera “Alter Ego”, al armador y presidente del equipo de fútbol Olimpiakos, Vanguelis Marinakis, y, la segunda, al empresario de la construcción, Jristos Kalogritsas. Entre las cadenas que se quedaron fuera se encuentran Alpha y Star, ambas en funcionamiento desde hace bastantes años.
 
Una vez concluido el concurso, los nuevos canales tienen a su disposición un plazo de 90 días hasta empezar a emitir, mientras el dinero podrán desembolsarlo en tres tramos: el primero, que consistirá en una tercera parte de la cuantía total, en el plazo de treinta días del fin de la subasta, el segundo en un año y el tercero en dos años.
 
Las cuatro nuevas licencias que configurarán el nuevo paisaje audiovisual ponen fin a una particularidad griega que, durante 27 años, había permitido el “funcionamiento arbitrario” de los canales privados, los cuales siempre habían funcionado con una licencia provisional y, por supuesto, sin haber pagado nunca los pertinentes derechos de emisión.
 
La cuantía recaudada de 246 millones superó con creces el objetivo de los 50 que se había propuesto el Gobierno y se destinará hasta el último euro a paliar las clases sociales más vulnerables, según palabras del Primer Ministro, Alexis Tsipras, para quien el restablecimiento de la legalidad en el sector era uno du sus objetivos principales.
 

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